OPINIÓ

Escribo estas líneas desde el Valle de Ordesa, soy colaborador ocasional de este blog. Desde la distancia, por lo que he leído y me han contado, quiero manifestar mi punto de vista sobre otra cuestión que salió en el debate del pasado jueves : El derecho a la privacidad de un político y la información sobre un caso cuyo protagonista es el político.
Parto evidentemente de un principio que lo publicado hasta el día de hoy - la resolución sancionadora- es cierto, sin perjuicio que posteriormente todo pudiese variar.

Me cuentan que la intervención final de César Arrizabalaga en el Pleno Municipal que trataba de la moción de reprobación hacia su persona, dijo entre otras cosas; que se estaba atentando contra su privacidad. La referencia se entendió dirigida a los medios de comunicación, afirmó que algunos quieren su "linchamiento" político, entre otras se refería a la publicación de unos documentos que en "teoría" pertenecían a lo que se llama popularmente "secreto del sumario" (entiéndase una más que probable sanción que aún no ha adquirido la condición de definitiva).

Estamos, en este caso, en un claro ejemplo de un choque entre derechos constitucionales, el que tiene cualquier persona-incluido el político- a su vida privada y el derecho a la información si esta se relaciona con un acto que se considera (caso de Montcada) una probable infracción cometida por quien tiene la responsabilidad política de dar ejemplo en el ejercicio del poder que le es delegado, le es "confiado" a través del voto popular. El mismo César Arrizabalaga ha reconocido en un comunicado, según él, su "posible equivocación".

La jurisprudencia en estos casos tiene en una inmensa mayoría de sentencias un denominador común: prima la información por sobre el derecho de respeto a la vida privada. Hablamos claro de un político que tiene la "obligación "de hacer cumplir unas normas a la ciudadanía y que él no se aplica a sí mismo.

Los casos más paradigmáticos, todos los recordamos, son cuando la prensa, TV, radios o tertulias publican o comentan sobre documentos que en aquellos momentos se encuentran en un juzgado bajo el secreto de sumario, sumarios que podríamos calificar de "asuntos de importante relevancia". Los jueces son muy claros en sus sentencias, todas más o menos dicen lo mismo, el derecho a la privacidad o intimidad en un político queda muy limitado si lo publicado- se entiende de forma "irregular"- se ajusta a la verdad, consideran en la mayoría de sentencias que prima la información si se trata de dar conocimiento a algo que es bueno sea conocido y que llegue a los ciudadanos para evaluar la acción de sus representantes en el ejercicio del poder que se les ha delegado. En muchas sentencias hay una actitud "moralizante" por parte del juez , al decir : " Su- el político- responsabilidad y obligación de dar ejemplo en sus actuaciones públicas o privadas influye y mucho a la sociedad que gobiernan, para bien en muchos casos o para mal en otras , crean pautas de comportamiento que influyen en las costumbres morales y cívicas."

Los romanos- mira que voy atrás en el tiempo- en sus costumbres ya aplicaban este principio a sus senadores: "pública publice tractanda sunt; privata private" que quiere decir que hay que tratar solo de lo público, o si siendo privado tiene conexión con aquel, puede ser tratado públicamente.

El ciudadano César Arrizabalaga no es un ciudadano cualquiera, actualmente es Alcalde de Montcada y en los tiempos que se produce los hechos que ahora son motivo de debate era nada más y nada menos el titular del departamento del Ayuntamiento que da las licencias de obras.

Me gustaría darle un consejo, doy por hecho que al salir estas líneas en este blog no me hará caso, que antes de tomar cualquier determinación leyese muy atentamente mucho de lo publicado sobre la materia en derecho comparado, me salto la multitud de sentencias que hay sobre la materia en EE.UU, en algunas son tan contundentes cuando dicen :" si hay pruebas que en el ejercicio del poder se ha cometido delito, no vale la apelación al derecho de privacidad que el individuo tiene", le recomiendo lea muy especialmente el primero de una larga lista, que podría ser más amplia:

- El propio Tribunal Constitucional Español ha establecido desde su sentencia 104/1986, confirmada en otras, como la 107/1988 y la 105/1990, que las personas que ejercen funciones públicas, están obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad y que pueden llegar a limitar sus derechos individuales "resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura en transparencia informativa , sin los cuales no existe sociedad democrática". El razonamiento es muy claro. Se refiere en una de estas sentencias a un caso que guarda cierta similitud con el hecho de Montcada : "ya que no lo hace él voluntariamente- el informar- no es delito que otro lo haga"

( en este caso solo le cito sentencias cuando todavía Internet digamos que estaba en sus albores, posteriormente se reconfirma aun más , según estudios hechos en la Universidad de Alcalá de Henares del año 2006 que analizaron 85 sentencias publicadas en diversos juzgados españoles, u otro muy parecido del colectivo Jueces para la Democracia)

-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales – principalmente el informe del año 2002-
-Daniel Innerarity- profesor Univ. Zaragoza y miembro Univ. La Sorbona (Paris), es vasco y tiene multitud de escritos en periódicos sobre el tema.
-Carlos Soria- importante libro sobre derecho información/derecho a la honra.
-Luis Escobar de la Serna- tiene escrito sobre el manual del buen informador y los conflictos con políticos.
-Miguel Urabayen- Vida privada e información -Univ. Navarra
- B.Laserre i B. Stern . Libro "La transparencia en la administración". Son especialistas en derecho comparado y autores de diversas tesis sobre la comunicación en Internet. Universidad de Paris.
Eduardo Novoa Monreal. Es mejicano pero sus escritos son publicados en varias publicaciones especialistas en la materia.
Javier Gomá Lanzón – Premio Nacional de Ensayo sobre la vida privada de los políticos y sus límites constitucionales delante del fenómeno Internet.

JOSÉ GARRIGA